Tres jóvenes de la facultad de Ciencias Jurídicas de La Universidad Central del Este (UCE), recientemente presentaron el anteproyecto de tesis con el título “Estudio Crítico sobre la Ratio Decidendi o Criterio del Precedente Vinculante en el Actual Sistema Procesal Penal Dominicano”.
Los jóvenes Máximo Antonio Núñez Toribio, Marcos de la Rosa Martínez, y Eduard García, manifestaron que la intención con esta investigación es demostrar la conveniencia de establecer el criterio del precedente vinculante para los procesos judiciales, concretamente en el proceso penal, y como contribuye al mantenimiento de la confianza pública en los jueces como decisores impersonales.
Los futuros abogados expresaron que el tema exhibe una trascendencia jurídica importantísima, por el ingente aporte que puede significar a la implementación de un sistema que redundara en confianza y credibilidad popular en la justicia, que en estos momentos esta tan deteriorada, como legitimidad de los procesos judiciales, de las partes en conflictos, en un momento dado.
Máximo Antonio Núñez Toribio, Marcos de la Rosa Martínez, y Eduard García, plantearon que el actual código procesal penal de la Republica Dominicana, crea como causal de casación, la contradicción de la sentencia casada con otra anterior de ese tribunal o de la Suprema Corte de Justicia haciendo efectivo así el principios según el cual los criterios fallados por esos tribunal son vinculantes, sin embargo este tipo de precedente en nuestro sistema no se registra como norma obligatoria para los jueces inferiores y no se armoniza a todos las jurisdicciones de naturaleza penal dominicano.
Los bachilleres expusieron como problema la carencia y beneficio de este sistema, desconocido y mal aplicado en nuestra incipiente practica procesal penal.
El objetivo que establecen los bachilleres es que si se logra implementar en nuestro actual sistema La Ratio Decidendi o Criterio del Precedente Vinculante, se podrá asegurar la predecibilidad y la uniformidad en las decisiones de los tribunales de justicia y se permitirá afianzar la seguridad jurídica como paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho.
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